Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente
Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia
Publicado por WWF Colombia el 8 de julio de 2020
Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo.
Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades.
Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica.
Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros.
Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: https://reactivaciontransformadora.com
Frases de algunos miembros de la campaña
Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
“La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID 19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.”
Grupo coordinador de Brasil – Liliana Pimentel, OLAC/CRP; Ilan Zugman, 350.org; Fred Seifert, SITAWI
“La coordinación y los socios de la campaña en Brasil creen en la unión de los pueblos en la búsqueda de una reactivación económica responsable y justa, que respete la diversidad, la sostenibilidad y reafirme el compromiso de los gobiernos con los objetivos acordados en París”
” A coordenação e parceiros da campanha no Brasil acreditam na união dos povos na busca pela reativação econômica responsável e justa, que respeite a diversidade, a sustentabilidade e reafirme o comprometimento dos governos com os objetivos acordados em Paris”.
Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC
“La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”.
Alejandro Luy, Fundación Tierra Viva, Venezuela:
“Después del gran impacto social y económico de la pandemia, producto de los errores en la relación del hombre con su entorno, la humanidad no puede resignarse a volver a las mismas prácticas insostenibles cuestionadas durante años por especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Un nuevo camino es necesario, especialmente para América Latina”
Karla Maass, Climate Action Network (CAN)
“La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros”
Jhoanna Cifuentes, Climalab (Colombia)
“Durante décadas las evidencias sobre los impactos negativos del modelo de desarrollo actual han sido claras, pero gran parte de la sociedad no ha prestado la suficiente atención, ni ha actuado en consecuencia. La situación actual en la que han convergido dos crisis: una crisis sanitaria y la crisis climática, nos está demostrando que hay otro camino posible y nos abre una oportunidad para que consolidemos un trabajo coordinado y una respuesta que garantice el bienestar de nuestros ecosistemas y comunidades, con particular atención en aquellos más vulnerables. Necesitamos cambios sustanciales que le permitan a nuestras sociedades afrontar los retos actuales y futuros, lo cual sólo será posible en el marco del respeto hacia la naturaleza y el reconocimiento de nuestros límites como especie. Será la más valiosa tarea de nuestra generación para garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones. No les defraudemos”.
Felipe Pino, ONG FIMA (Chile)
“La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. Las actuales grietas del orden económico, reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional, ya habían sido advertidas desde hace décadas por los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han vivido en carne propia las consecuencias tempranas de la crisis climática y ecológica. La actual pandemia nos ofrece un punto de quiebre a las lógicas que han llevado a la humanidad a desarrollarse al borde de los límites planetarios, y en donde tenemos una oportunidad única de transformar nuestro modelo hacia uno que ponga la vida de las personas y ecosistemas como eje central del desarrollo de una vez y para siempre. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única alternativa viable.”
Ximena Barrera, WWF (Coordinadora de Política de América Latina)
“Estamos ante un momento crítico de reflexionar sobre la relación que tenemos con la naturaleza, de revaluar nuestras acciones y comportamiento y crear medidas de reactivación y estímulos a las economías que sean sistémicas e integrales. La ambición climática y la protección de la naturaleza deben estar en el centro de nuestros planes de reactivación, ofreciendo medios de vida más resistentes, resilientes, y bajos en carbono, para nuestras sociedades presentes y futuras, bajo una visión de largo plazo que apunte al cumplimiento de los compromisos internacionales”.
Paz González, OLAC y Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina
“La crisis sanitaria del COVID 19 y la crisis económica que atravesamos es una clara muestra de las consecuencias de desatender los problemas de base del sistema global. Hoy resulta fundamental repensar los sistema de producción y consumo a la luz de la sostenibilidad y los límites planetarios; este cambio vendrá únicamente de la mano de una deconstrucción del sistema actual. Como latinoamericanos buscaremos promover una reactivación transformadora, con políticas que nos lleven a un futuro posible y vivible y productos y servicios alineados con la sustentabilidad. Esta crisis ha demostrado nuestra interdependencia e interconexión; y que urge levantar la mirada, ya que los impactos y riesgos que muchos sentíamos lejanos, por ejemplo en las ciudades, nos tocarán la puerta tarde o temprano. Hoy más que nunca debemos tomar conciencia y reconocer un gran poder que tenemos para impulsar un cambio sistémico y profundo al modificar nuestros hábitos. Es el momento de trabajar para fortalecer la resiliencia y autonomías en América Latina”.
Bernis Cunningham, Centro Nicaragüense de Conservación Ambiental (CENICA)
“Estamos atravesando una crisis sistémica, la manera de enfrentarla definirá el futuro inmediato de nuestra región. La destrucción de ecosistemas, sumado a nuestra relación no natural con los animales son la base de pandemias y desastres naturales. La transformación sostenible que requiere Latinoamérica dependerá de la capacidad de organización e incidencia política ciudadana.”
Jessica Parra, Atedible / Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC)
“La pandemia ha dejado claras las múltiples crisis sociales y ecológicas a las que hoy nos enfrentamos, y al mismo tiempo ha revelado la estrecha interconexión de la sociedad actual. Tomemos esta oportunidad para estrechar lazos entre nuestros países y región, y a la vez, potenciemos nuestros sistemas locales, sostenibles y comunitarios, solo de esta forma lograremos crear un sistema socio-ecológico más resiliente, justo e inclusivo que nos permita enfrentar juntxs esta crisis y los desafíos a futuro.”
Patricia Velasco, Coordinadora del Programa de Cambio Climático, Agua y Energía de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)/ OLAC
No tenemos un planeta B, por lo tanto, nuestro único plan durante y después de la pandemia debe ser transformador, sostenible, justo y resiliente. Que la nueva normalidad nos cambie en lo más profundo de nuestro ser para también tener cambios e impactos profundos, con modelos energéticos más limpios, eficientes y renovables; sistemas alimentarios sostenibles y justos; un manejo integral de todos nuestros recursos, en especial del agua; conservación de la biodiversidad y la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados. Es hora de hacer un pacto, un pacto por la vida, un pacto para la reactivación transformadora en América Latina y el Caribe.
Para más información
Ximena Barrera, WWF: xbarrera@wwf.org.co, 57 313 7652286
Publicación disponible en: https://wwf.panda.org/es/?364623/reactivacionLAC
¿Soplan nuevos vientos en La Guajira?
Reportaje ganador del concurso sobre Reportajes en Profundidad para una Reactivación Transformadora, orientado al sector de Energías Renovables y Transición Energética Justa
Lee aquí el artículo publicado en DW en Español (22.07.21): https://bit.ly/36TUDvd
Autora: Judit Alonso
La Guajira se ha convertido en el enclave de la transición energética de Colombia con la instalación de varios proyectos eólicos. No obstante, éstos se encuentran en territorios ancestrales de los Wayuu, que temen ser despojados.
“La Guajira será el epicentro de la Transición Energética de Colombia. Con la construcción de 16 parques eólicos que generarán 11.000 empleos y 10 billones de dólares en inversiones, el departamento se consolida como la puerta de entrada para las energías renovables de fuentes no convencionales”, anunciaba en Twitter Diego Mesa, ministro de Energía y Minas de Colombia.
La puesta en funcionamiento del primer parque eólico a gran escala que se instalará en el país en más de 17 años ya está en marcha tras la llegada de las primeras turbinas a La Guajira hace unas semanas. Se trata del “segundo proyecto de energía eólica en el país, después de Jepirachi”, según apuntaron a DW fuentes del ministerio de Energía y Minas de Colombia.
El parque Guajira I de Isagén, que se espera entre en funcionamiento antes de acabar el año 2021, tendrá una capacidad de generación de 20 Megavatios (MW), lo que equivale al consumo de energía eléctrica de más de 33.000 familias colombianas.
“La Región Caribe es el eje de dicha transición, muestra de ello es que 12 de los 14 proyectos adjudicados en la subasta de 2019 se construirán en esta región del país”, destacaron dichas fuentes recordando que “el departamento de La Guajira cuenta con mayor potencial para los proyectos eólicos, pues esta región tiene una velocidad de viento superior al promedio mundial”.
Con la puesta en marcha de estos proyectos, se pasará de menos de 0,5% a cerca de un 12% en este tipo de fuentes ya que la matriz de generación eléctrica colombiana es mayoritariamente hidráulica (un 68,4%), según datos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Para Colombia la diversificación de la canasta energética supone una mayor seguridad del sistema puesto que si nuestras reservas de agua bajan, las energías renovables entrarían a apoyarla”, dijo a DW Joanna Barney, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia.
No obstante, Barney alertó de los impactos ambientales y sociales de dichos proyectos como “el ingreso de foráneos a comunidades indígenas, el enfrentamiento entre comunidades por los supuestos beneficios y el desplazamiento de las comunidades por cuenta de los parques o la infraestructura que los soporta”, entre otros.
Del carbón al viento: Los Wayuu en el epicentro
La investigadora, autora de la publicación ‘El viento del Este llega con revoluciones’, comparó el desarrollo de los parques eólicos en La Guajira con los de México. “El Istmo de Tehauntepec tiene un paisaje bastante similar al de La Guajira, ambos territorios son morados por pueblos indígenas”, apuntó recordando que en ambos casos se “están suscitando problemáticas en torno a los reales propietarios de los territorios”.
Según la cosmovisión de los Wayuu, que habitan en la península de La Guajira, el territorio no se limita únicamente al terrestre, sino que “el espacio vital de los wayuu es el espacio aéreo, marítimo y terrestre”, apuntó a DW Armando Custodio Wouriyu Valbuena, líder Wayuu desde hace 40 años, fecha en la que se instaló la empresa minera ‘El Cerrejón’, la mina de carbón a cielo abierto más grande de la región.
El también expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia criticó que la actividad de la mina ha provocado “consecuencias nefastas para la agricultura, ganadería y pesca”, además de despojos y violaciones de derechos humanos. Por este motivo, se han interpuesto diversas denuncias que han concluido con sentencias judiciales como la T-704 de la Corte Constitucional que ordenó a la empresa a llevar a cabo un plan de mitigación de manera inmediata.
“Cerrejón cumplió con la implementación de Plan Inmediato de Mitigación de impactos, logrando un cumplimiento del 95,2 %. Se tiene pendiente solo una de las 16 actividades contempladas. Esta actividad corresponde a la realización de tres inspecciones en las comunidades adyacentes al Puerto para priorizar, definir y verificar la necesidad de trabajos de limpieza en cuerpos de agua donde se detecte presencia de carbón por arrastre eólico”, declararon a DW fuentes de la compañía minera. “La actividad se encuentra pendiente debido a que la comunidad solicitó la contratación de una consultoría ambiental. Sin embargo, esta contratación hace parte del proceso de consulta previa del Plan de Compensación en curso”, agregaron.
Así, a las décadas de conflicto con la empresa minera, se le añaden ahora los problemas de la instalación de los parques eólicos en el departamento. “Se están violando los derechos humanos”, denunció a DW un líder Wayuu de la localidad de Albania que avanzó que se producirá “un desplazamiento peor que durante el paramilitarismo en La Guajira”. Ello sería debido a que “la empresa no hace la consulta previa como debe hacerse”, explicó apuntando a engaños y a falta de información precisa que provoca que los habitantes tengan que dejar sus hogares. “Lo único limpio que van a dejar es el territorio”, lamentó este líder que no quiere identificarse porque está amenazado.
Es la llamada “cara sucia” de las energías limpias que alerta la sociedad civil. “La reactivación económica debe fomentar las energías renovables ya que hay compromisos climáticos internacionales que obligan a una transición urgente. No obstante, ésta no puede obviar aspectos como la existencia de comunidades indígenas en el territorio, sus usos y costumbres”, dijo a DW Karla Maas, vocera de la organización Climate Action Network en América Latina, que aboga por una reactivación económica transformadora y justa en la región.
Mujeres y agroecología: un camino hacia la soberanía alimentaria
Reportaje ganador del concurso sobre Reportajes en Profundidad para una Reactivación Transformadora, orientado a los sectores de Agroecología y Género
Lee aquí el artículo publicado por LATFEM (27.08.21): https://bit.ly/2XZjhJx
Autoras: Lucía Moreno y Mora Laiño
Desde hace un tiempo sabemos con certeza y evidencia científica que estamos en una carrera contrarreloj frente a modelos de desarrollo cuyos impactos resultan depredadores. Nuestra existencia como especie humana se debilita por prácticas extractivistas insostenibles sobre los bienes comunes naturales: el suelo, los bosques, los ríos. En este contexto de crisis económica, social y ecológica a nivel mundial —y atravesado por una pandemia— la pregunta sobre cómo se produce y quiénes producen los alimentos que llegan a nuestra mesa, se volvió central.
Según datos del Grupo ETC, una asociación civil dedicada a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos, la cadena agroindustrial utiliza más del 75% de la tierra agrícola del mundo. En ese proceso, destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de capa arable y tala 7.5 millones de hectáreas de bosque. Además, es responsable del consumo de al menos el 90% de los combustibles fósiles que se usan en la agricultura ——sumado a las emisiones de gases de efecto invernadero—, así como al menos el 80% del agua dulce.
En América Latina, la estructura del sistema agroalimentario dominante tiene características comunes: prácticas intensivas sobre los suelos; récords de deforestación con pérdida de biodiversidad, monocultivos transgénicos diseñados para tolerar la aplicación de agrotóxicos que afectan la salud de la tierra y de las personas; concentración de riqueza en manos de corporaciones y desigualdades en el acceso a la tierra.
El escenario actual nos muestra que es necesaria y urgente una reactivación guiada por formas más sostenibles de producir alimentos, de la mano de los grupos sociales que han sido sistemáticamente invisibilizados pero que cumplen una labor crucial y son una pieza clave en este proceso. En particular, las mujeres han desempeñado históricamente un rol central en la recolección de semillas, la preparación de la tierra, la cría de animales, el tejido de redes comunitarias, la recolección y el almacenamiento de la cosecha, así como en el procesamiento, envasado y comercialización de los alimentos.
Sin embargo, y a pesar de ser las principales productoras de alimentos, son las más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Enfrentan barreras de acceso a la tierra, a los recursos productivos y financieros, a la tecnología y a la educación, sumado a la sobrecarga en las tareas de cuidado que recae sobre sus cuerpos.
Según datos de la FAO del 2018, el 43% de la mano de obra agrícola de los países en desarrollo está representada por mujeres aunque, en su mayoría, no son dueñas de la tierra. En América Latina y el Caribe, solo el 18% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, quienes reciben apenas el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector (FAO, 2017).
Ante este escenario, distintas organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena en la región se organizan para producir alimentos bajo el paradigma de la agroecología. El objetivo común es construir sistemas agroalimentarios social, económica y ambientalmente justos. En ese camino buscan conectarse con sus territorios, sus saberes, sus semillas y su historia. Una historia que se reescribe en clave antipatriarcal para trazar senderos de igualdad e inclusión en el acto político de trabajar la tierra y producir alimentos.
La agroecología como modo de vida
“La agroecología es un movimiento social, una ciencia, una práctica en cuanto a tecnologías, que tiene un componente político y cultural fuerte, y confronta con el modelo productivista agroalimentario hegemónico, históricamente masculinizado”, explica Silvia Papuccio de Vidal, ingeniera agrónoma, doctora en Recursos Naturales y fundadora de la Escuela Vocacional Agroecológica de la granja “La Verdecita”, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Este espacio trabaja desde 2010 en la formación política, la agroecología y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.
En la práctica, la agroecología propone producir alimentos de manera sostenible; sin utilizar agroquímicos, respetando los ciclos de la naturaleza y la biodiversidad, contemplando la salud de quienes trabajan la tierra y consumen esos alimentos, y a un precio justo. Así lo explican Zaida Rocabado Arenas y Maritsa Puma Rocabado, madre e hija, productoras agroecológicas nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), una organización argentina que reúne a familias pequeño productoras y campesinas de 15 provincias. Además, ofrece talleres vinculados a la producción agroecológica, espacios de contención y sensibilización sobre violencia de género, y encuentros sobre alimentación en barrios populares.
“Hemos elegido a la agroecología porque con este modelo le podemos brindar salud a nuestras familias. Si en un campo están fumigando con agrotóxicos, sabemos que no podemos ir ahí con nuestros hijos porque es peligroso para su salud. En cambio, con la agroecología nos sentimos seguras y tranquilas cuidando la naturaleza, el campo y a nuestras familias”, sostienen.
Además de la preocupación por producir alimentos sanos, el enfoque ambiental es una cuestión central en este paradigma. “Agroecología para nosotras es más que un concepto, es un modo de vida en armonía y equilibrio con la madre tierra. Rescatando y revitalizando los saberes y conocimientos ancestrales sobre la agricultura libre de químicos y semillas transgénicas”, cuenta Viviana Catrileo, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), una organización chilena de mujeres campesinas y pueblos originarios que se articula de norte a sur, gestada al calor de las experiencias de lucha por vivir dignamente y en armonía con la biodiversidad.
Desde Paraguay, Alicia Amarilla representa a la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas(CONAMURI), que trabaja la soberanía alimentaria a partir del rescate de semillas nativas, desde una perspectiva de género y clase. “La agroecología es un modelo de producción fundamental para cambiar nuestra forma de vida, que recupera nuestros sabores y nuestros saberes; la esencia de los alimentos sanos, nuestros suelos y nuestras semillas. Con la agroecología, nuestro trabajo como mujeres campesinas se politiza y se valoriza porque no se trata de una receta sino de un movimiento político”, dice.
Por su parte, Vivian Motta, profesora de la Universidad del Instituto Federal de Educación en Sao Paulo, Brasil, e integrante de la Asociación Brasileña de Agroecología remarca el vínculo entre agroecología y género. “Durante muchos años, las compañeras tuvieron que luchar para poner en agenda este modelo. La agroecología es un camino para combatir las opresiones, la violencia, facilitar el acceso a los espacios de poder y promover un modelo que no tenga una economía monetaria en el centro”.
Organizadas para derribar los cercos
Desde el inicio de la pandemia, las organizaciones comunitarias vienen desempeñando un lugar central en la provisión de alimentos y en las tareas de cuidado. “Quienes verdaderamente están parando la olla y protagonizando la producción somos las mujeres. Sin embargo, no figuramos en los registros nacionales de la agricultura familiar y hoy solo el 2% del latifundio en Argentina está en manos de mujeres. Por eso la importancia de organizarse para visibilizar estas desigualdades y que se traduzca en políticas públicas”, explica Sofía Sánchez, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-UST Somos Tierra), una organización argentina formada por más de 4.000 personas, que cuenta con un área de género desde donde se abordan estas desigualdades.
Existen barreras que impiden la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión y limitan su capacidad de incidir en los debates sobre las maneras de producir. “La historia nos cuenta que fueron las mujeres quienes descubrieron la agricultura y, sin embargo, nos han excluido de este proceso sistemáticamente”, comenta Vivian Motta desde Brasil.
Mientras que Maritsa Puma Rocabado, de la UTT, trae un ejemplo actual sobre cómo se manifiestan estas brechas. “En el campo hay mucha desigualdad. Las mujeres nunca descansan por tener que encargarse de los hijos y no pueden participar de los talleres. Incluso, se complica hacer un contrato de alquiler de un campo para producir a nombre de una mujer”.
Es por eso que estas organizaciones trabajan desde un enfoque de género buscando visibilizar las múltiples inequidades que enfrentan en distintos países de la región. “La ruralidad y el trabajo campesino desde la perspectiva de género radica en que las mujeres hemos sido omitidas históricamente de la participación social. Nuestras propias experiencias de vida en el campo nos ayudan a identificar las formas de opresión y su origen“, destaca Viviana Catrileo.
Mujeres productoras campesinas e indígenas: la formación como respuesta
En los distintos testimonios sobresale la importancia de la organización colectiva y la formación política como herramientas de lucha. Las organizaciones promueven la realización de talleres y espacios de contención y socialización de saberes, fomentando el arraigo rural y el tejido de redes comunitarias. “Es difícil romper con toda una estructura que supone que en el campo nacemos para parir y para cuidar, no para cuestionar”, señala Sofía Sánchez.
Por su parte, Viviana Catrileo agrega: “Desde 2014 desarrollamos un proceso de formación política y agroecológica como una forma de sensibilizarnos en torno a los efectos del capitalismo en el campo y en la alimentación de los pueblos”.
En Paraguay también se trabaja bajo esta premisa. Alicia Amarilla explica que la organización CONAMURI cuenta con una escuela de mujeres indígenas desde donde trabajan las identidades étnicas, los derechos de las mujeres y la lucha en defensa del territorio: “Para nosotras es muy importante la formación política de las mujeres, en cuanto a derechos, para poder incidir en otros espacios y debatir propuestas con la sociedad”.
Desde la organización colectiva, y en un contexto de profunda crisis socioambiental, estas poderosas voces se manifiestan de norte a sur de la región. El mensaje es unívoco: una salida que se proponga transformadora desde lo social, lo ambiental y lo económico, tiene el desafío de modificar las lógicas patriarcales del campo. Un paso necesario en el camino hacia modelos de producción de mayor inclusión e igualdad.
Sofía Sánchez lo dice con pasión y convicción: “La salida es colectiva, comunitaria, con trabajo y cuidando la tierra. Ojalá que algún día podamos tener en nuestras manos un mercado de productos artesanales y campesinos que construyan una nueva economía: feminista, campesina, indígena y popular”.
Diseño: Valeria Román.
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) reúne a toda la diversidad de mujeres del mundo rural chileno, desde Arica hasta Aysén. En la actualidad, está cumpliendo 23 años de existencia. Dentro de la organización funciona una escuela de agroecología que se llama “Sembradoras de esperanza”. Además, llevan adelante dos campañas: una contra todas las formas de violencia contra la mujer y la otra de recuperación y cuidado de semillas.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) cuenta con refugios para acompañar y contener a las mujeres que atraviesan procesos de violencia de género. Impulsa la creación de colonias agroecológicas de abastecimiento urbano —ya son 7 en total— y promueve la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra en Argentina.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-UST Somos Tierra) desarrolló la campaña “Fuera de registro”, con el objetivo de visibilizar el rol de las mujeres y el Colectivo LGTTBIQ+ en la producción de alimentos, el cuidado de los territorios y la vida, y las desigualdades que enfrentan en el acceso a la tierra, a los bienes de producción y a las decisiones sobre la propia producción. Se puede ver aquí.
El colectivo agroecológico “La Verdecita” habita en el corazón de la pampa sojera argentina. A diferencia de otros movimientos, la organización fue creada por mujeres que tenían más de 20 años de participación en el Sindicato de Amas de Casa de Santa Fe y contaban con formación en género. En 2002, en plena crisis del país, decidieron apostar a la autonomía de las mujeres jefas de hogar y a la soberanía alimentaria de los hogares.
¿Cómo hizo un grupo de comunidades amazónicas para vivir del comercio legal de madera?
Reportaje ganador del concurso sobre Reportajes en Profundidad para una Reactivación Transformadora, orientado al sector de Manejo Forestal Sostenible
Lee aquí el artículo publicado en el medio SOMOS (23.08.21): https://bit.ly/3hqPMXS
Autor: Ricardo Hinojosa Lizárraga
En esta parte del planeta, los peruanos viven entre las brumas del reflejo de dos mundos aparentemente iguales, pero diferentes. A uno es posible verlo directamente, disimulado en la espesura de una selva prolífica y majestuosa, parajes a los que solo es posible llegar tras largas horas de caminata o navegando por ríos o cochas. Al otro, se le ve reflejado en esas aguas, se aparece en un pestañeo, en una foto y asombra por la belleza que parece retener todos los elementos, todas las imágenes, todos los colores, entre pájaros y árboles, pero que no se sucede nunca, no tiene vida propia si no está reflejando al otro, si no es eco en lugar de voz. Eso mismo ocurre cuando en Lima se habla de crecimiento económico, subida o bajada del dólar, indicadores estadísticos o redistribución de la riqueza: en la selva también algo refleja, pero no llega a ser.
Entre el 2002 y el 2009, en una historia similar a la de varias otras comunidades nativas, Yamino explotaba su madera irresponsable y desordenadamente. Talaban hoy, sin pensar en el mañana. Ubicada en la provincia de Padre Abad, distrito de Boquerón, a más o menos 25 km de Aguaytía y a unos 200 km de Pucallpa, Yamino es una comunidad como muchas otras de la selva, que subsiste de lo que la tierra provee. Y la tierra provee madera. “Nosotros, por desconocimiento, no porque hayamos querido, trabajamos muchos años de manera desordenada. Era por falta de información y capacitación. En ese entonces, no intervenían las instituciones correspondientes, ni siquiera ingresaban a la zona los que dan permisos forestales para la explotación legal de recursos maderables”, nos dice Claudio Pérez Odicio, líder comunitario de Yamino. “Por eso, el 2010 fuimos sancionados, multados y cancelados nuestros permisos por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), por mala explotación de recursos, y nos cayeron 3 UIT”, cuenta Pérez. El 2015, y tras pasar unos años trabajando para pagar dicha multa, Yamino recuperó su permiso forestal.
A diferencia de lo que sucede con otras comunidades a las que se llega por río, a Yamino es posible llegar por carretera. Así, instituciones como Osinfor –hoy un organismo amigo de la comunidad- o el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) fueron hasta allí a dar capacitaciones y talleres para manejar adecuadamente sus recursos y hacer un satisfactorio aprovechamiento forestal. “Poco a poco nosotros hemos podido aprender cuáles son los requisitos, las funciones o los derechos como comunidad al tener un título habilitante”, indica Pérez.
En este sentido, el 2018 fue un año particularmente importante para ellos. Fue, en realidad, el año que lo cambió todo. Osinfor realizó una pasantía en la comunidad de Yamino a la que llegaron miembros de otras comunidades, no solo de diferentes provincias de la región Ucayali, como Coronel Portillo, sino también de lugares como Huánuco o Pasco. Allí, Osinfor los capacitó en la llamada “mochila forestal”, un paquete de temas de interés para el manejo y aprovechamiento forestal en todas las comunidades nativas. Esos líderes de distintas comunidades que asistieron a la pasantía se dedicaron luego a transferir esa información, no solo en su lugar de origen, sino en otros centros poblados, como una especie de “evangelización” de conservación, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. “Fue una bonita experiencia de la que aprendimos mucho –nos dice Claudio Pérez-. Aprendimos también cómo se trabaja, cómo se cubica, cómo se negocia”.
Los beneficios han sido evidentes. Antes, según cuenta el líder comunitario, se repartía el dinero de la venta de la madera ilegalmente extraída y ahí quedaba todo. Hoy están trabajando y proyectándose de acuerdo al Plan de Calidad de Vida que elaboraron desde el 2009, junto a la ONG CIMA-Cordillera azul, que actualizan cada 3 años, con miras al futuro. En ese futuro inmediato está contemplada la construcción de viviendas para cada familia de la comunidad, su propia posta médica, así como el mejoramiento de las obras de agua y desagüe, de las cuales han avanzado el tanque elevado que beneficia hoy a todos los comuneros. También han proyectado temas de agricultura con cacao y plátano y han formado ya tres asociaciones: de cocoteros, de turismo y de madres artesanas. “Con la venta legal del recurso maderable recibimos más, estamos mejor, más organizados y más preparados”, asegura Claudio Pérez.
Gracias a esos ingresos pudieron también enfrentar los estragos de la pandemia, comprando medicamentos y kits sanitarios o de limpieza. Algunos comuneros de Yamino enfermaron de Covid-19, pero, felizmente, todos pudieron sobreponerse al virus. Hoy, con ya muy pocas restricciones vigentes, empiezan a trabajar con la misma velocidad y entusiasmo de antes, con el objetivo de seguir reactivando su economía para ir cumpliendo con los compromisos, con el trabajo pendiente y los proyectos que se habían quedado inconclusos. “La madera no es toda la vida, hay que tratar de aprovecharla lo más posible, pero proyectándonos, haciendo un buen trabajo y dando desarrollo a la comunidad”, asegura, convencido, el líder comunitario.
Empresas sancionadas, madera requisada, bosques arrasados sin ningún control, coimas en toda la ruta desde el corte hasta su venta final. Madera ilegal cuya trazabilidad se pierde y se confunde con la madera que cualquiera de nosotros puede comprar legalmente en Falabella o Maestro, sin que esas empresas tengan ya cómo saber su origen. Con la pandemia, controles y restricciones se han flexibilizado o, en muchos casos, ni han existido. Ucayali, ciudad que fue llamada alguna vez “La capital del tráfico de madera del país”, sigue siendo el origen de bienes y males.
Según un informe sobre la tala ilegal en el Perú elaborado por la ONG Global Witness -titulado “El justiciero forestal” (2019)- , durante la última década, más del 60% de la madera que Osinfor inspeccionó en los dos núcleos de producción más importantes del país es de origen ilegal. En el documento se señala que “Perú alberga el cuarto bosque más grande del mundo: su extensión es de 68 millones de hectáreas. Es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y podría jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático”. Durante el 2020, un año en el que el planeta debía haber sufrido menos a causa de las distintas cuarentenas en los cinco continentes, la deforestación subió un 12%. Cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indican que el 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal y puede llegar a mover unos 50 mil millones de dólares.
Según Global Forest Watch, Perú figuraba el año pasado entre los 10 países que perdieron más bosque virgen en el mundo. En este contexto, el papel de las comunidades se hace fundamental. Sin embargo, las experiencias no las cuentan solo los comuneros, sino también los técnicos que trabajan con ellos. En un proyecto de aprovechamiento de bosques y extracción legal en el que WWF colaboró con comunidades como Juancito o Nuevo Saposoa, participó el ingeniero Alan Ferreyros, quien tuvo a su cargo la orientación de los comuneros en pro de la nueva idea de tala legal que reemplazaría una tradición desordenada que parecía haber sido siempre la única opción.
“La primera pregunta que me hicieron fue ¿Por qué tanta documentación? –Nos cuenta Ferreyros-. Yo les decía que el proyecto trata de que toda la cadena productiva tenga una trazabilidad desde el bosque, los árboles, cada etapa del aserrío, cubicación, hasta la venta final. Ellos estaban acostumbrados a extraer de sus bosques una cierta cantidad, sin cubicar bien. Llegaban al puerto de Pucallpa, pero antes pasaban por controles, coimas, entre otras cosas. Al final no ganaban casi nada, porque en ese camino ilegal se les quedaba el dinero”.
Fue el inicio de un trabajo arduo que incluyó, al principio, pasar distintos controles policiales y ver su carga declarada ilegal, a pesar de contar con todos los papeles, solo porque la madera estaba “motosierrada”, una modalidad que usualmente se considera fuera de la ley. En una zona como esta, con las cifras que ya hemos dado de tala ilegal, no es difícil para las autoridades desconfiar. “Antes pasaban muchas cosas por vender madera ilegal. Les han pagado de menos, les han postergado pagos por meses o los han estafado muchas otras veces”, nos cuenta. Pero la legalidad llegó para quedarse el año pasado. Alan preparó un sistema para que ganaran según cuánto trabajaran, no por día, con árboles codificados, censados y una serie de formularios que permitían ordenar todo el proceso y saber qué árbol había talado quién y cuánto había talado. Como es natural, al principio fueron reacios al cambio, pero durante el mismo proceso, tras recibir una respectiva capacitación, fueron entendiendo por qué era lo mejor. “Cuando han llevado su madera esta vez para comerciar, se dieron cuenta de que cada proceso fluía mucho mejor, no había ningún problema ni necesidad de ninguna coima ni serían engañados por nadie. Llegaron a vender hasta 100 mil soles, algo que antes no hubieran podido imaginar”, nos cuenta el ingeniero pucallpino que participó en el proyecto por intermediación de WWF y la Federación que Nuevo Saposoa conforma junto a otras comunidades cercanas a ella, como Pueblo Nuevo o Callería.
Pasado el tiempo de los bosques inundados, que suele prolongarse con variaciones entre noviembre y marzo, la comunidad ya está lista para empezar a aprovechar nuevamente su recurso maderable, gracias a la experiencia adquirida.
Toco madera (legal)
“El mundo está cambiando. Antes parecía que su único valor era la madera, pero ahora el bosque tiene una mirada de integralidad”, nos dice Alonso Córdova, ingeniero forestal y especialista de Bosques y Asuntos Indígenas de WWF Perú. Para él, esto se hace evidente a través de los servicios ecosistémicos que proporciona el bosque: el alimento, el agua, o proteínas para las poblaciones locales. “Hay un montón de elementos que el bosque puede dar. Si uno habla de manejo forestal sostenible, debería tener esa mirada de largo plazo hacia un bosque que no solamente te de madera, sino que mantenga sus provisiones de servicios ecosistémicos”, agregó.
Entender al bosque ayuda a diseñar políticas más realistas y eficaces. Eso sí, no puede dejarse a las comunidades solas en esta labor. El Estado, la empresa privada responsable y las organizaciones no gubernamentales tienen mucho que seguir aportando junto a ellos.
Es tan importante saber, ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta cuando se habla de comercio legal de madera? Para Alonso Córdova, detrás de eso hay ciencia, porque es un esfuerzo producto de las investigaciones de muchos años. Además, entendiendo las bases silviculturales – referidas al manejo del bosque con el objeto de producir bienes y servicios, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del recurso-, los tiempos adecuados o el conocimiento de las especies. “No se trata de entrar en el bosque y cortar lo que a uno le dé la gana. Se analiza previamente con mucho cuidado, porque la tala ilegal también destruye las estructuras sociales, al traer mafias y violencia”.
Para dar un ejemplo del impacto de la extracción legal de madera en la reactivación económica, Tahuamanu, una de las tres provincias que conforman la región Madre de Dios, posee la mayor cantidad de bosques certificados, aproximadamente 547 mil 399 hectáreas que representan el 51.8% de bosques certificados en el país. Según WWF, la actividad forestal formal debe dar trabajo directo a unas 2500 personas en Tahuamanu, que tiene un aproximado de 7500 habitantes. En su capital, Iñapari, los madereros legales conforman el 75% de la PEA.
“Yo creo que lo más importante es el manejo forestal comunitario por los pueblos indígenas. Ellos tienen una forma en la que pueden organizarse para tener una actividad productiva y porque también contribuye a poder mantener esos bosques y que no se cambie el uso del suelo. Al cuidar el bosque están conservando las especies que en él habitan y el sistema ecológico. Por eso, junto con WCS y la Unión Europea trabajamos en la Alianza Fauna Silvestre y Bosques para asegurar un manejo integral de estos espacios naturales”, indica Córdova.
Quizás ese sea un camino para que la redistribución de la riqueza en la selva no sea solo un vago reflejo de lo que ocurre en las ciudades. Quizás así no haya peruanos que se confundan en las brumas del reflejo de dos mundos aparentemente iguales, pero distantes y distintos aunque conformen un mismo país.
