¿Piensas que la reactivación económica Post COVID-19 debe conllevar a una verdadera transformación que garantice un futuro sostenible, justo e inclusivo?

Si es así, únete a este movimiento de redes, organizaciones y personas de América Latina y el Caribe que busca promover un discurso público que revele la necesidad de una reactivación transformadora y que incida en las decisiones de nuestros gobernantes.

REACTIVACIÓN TRANSFORMADORA POR UN FUTURO SOSTENIBLE, JUSTO E INCLUSIVO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La actual crisis sanitaria que afecta a todos los países del mundo no es la única crisis a la que hoy se enfrenta la humanidad. Desde hace décadas somos testigos de los efectos del cambio en los patrones del clima y la pérdida de biodiversidad, a escala local, regional y global, con impactos muy negativos que se han traducido en grandes pérdidas materiales y de vidas humanas.

Si a dichas crisis, que hasta ahora han sido ignoradas, añadimos sociedades establecidas sobre la base de grandes desigualdades sociales y territoriales, y sistemas productivos que, en general, no priorizan aspectos de sostenibilidad, estamos frente a una bomba de tiempo que podría conducir a escenarios tan o más catastróficos a los actuales.

La pandemia ha dejado en evidencia los vínculos intrínsecos entre la naturaleza, el clima, la sociedad humana y la economía, y nos hace conscientes de la estrecha relación existente entre la salud de planeta y la salud de los seres humanos. También ha revelado que escuchar a la ciencia es necesario y urgente.

Asimismo, en solo cuestión de semanas la crisis sanitaria mundial ha demostrado que sí es posible modificar los patrones de explotación, producción, distribución y consumo del actual modelo de desarrollo global, habiendo recibido el planeta un merecido respiro, que será sólo temporal si no se realizan cambios sustanciales.

Como pocas regiones en el mundo, América Latina y el Caribe (ALC) está en un momento crucial y único para redefinir colectivamente el futuro que queremos. Es necesario aprovechar esta pausa para evaluar y diseñar sistemas sociales más justos y amables con el medio ambiente, rescatando saberes y prácticas ancestrales de nuestros pueblos, que permitan avanzar en una senda de desarrollo más justa y en armonía con los límites planetarios, y promuevan el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.

Resulta imperativo establecer medidas sinérgicas entre las agendas climáticas, de biodiversidad y desarrollo, para emprender cambios transformadores en los diversos sectores de la sociedad y así establecer un sistema socioeconómico equitativo y de baja intensidad de carbono.

Las urgencias a corto plazo para afrontar el COVID-19 y sus efectos, no deben pasar por alto las oportunidades para lograr objetivos a más largo plazo, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de Escazú (firmado por 22 países de ALC, a punto de entrar en vigor), el Convenio de Biodiversidad y el Acuerdo de París para combatir el Cambio Climático. Por ello, es urgente crear paquetes de estímulo que aseguren la sostenibilidad y resiliencia de los pueblos y ecosistemas, y contribuyan a emprender un nuevo rumbo.

De igual forma, los gobiernos de la región no deben perder de vista que sus respuestas deberán: a) tener una visión latinoamericana; b) promover cambios transformadores en sintonía con los ODS; c) fortalecer la autonomía y cohesión del territorio; d) ser inclusivas y focalizadas en grupos vulnerables, con perspectiva de género; e) promover la sostenibilidad y transparencia; f) tener una visión sistémica; e) promover una reconstrucción valórica y, f) abogar por los derechos humanos, la justicia y equidad; g) incidir en la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú para su entrada en vigor.

Las instituciones firmantes representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe, hacen un llamado a los gobiernos de la región para:

1. Modelo económico /Desarrollo sostenible:

  • Alinear los flujos financieros públicos y privados hacia oportunidades de inversión rentables y sostenibles, que generen empleo, garanticen el bienestar humano, logren reducciones rápidas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reduzcan las pérdidas de biodiversidad y promuevan la recuperación de la naturaleza, con énfasis en los siguientes sectores: a) Salud; b) Energía limpia; c) Producción local y sostenible de alimentos, con promoción de cadenas cortas de distribución; d) Desarrollo urbano sostenible y resiliente; y e) Ambiente.
  • Establecer reformas fiscales que promuevan la eliminación gradual de los subsidios que son perjudiciales para el ambiente, apuntando a la descarbonización de la economía de toda la región de ALC para el año 2050 y a una transición energética justa.
  • Establecer y promover nuevos indicadores de bienestar, que reconozcan la idiosincrasia regional y los retos del PIB para medir la prosperidad, el desarrollo y la salud general de la población y los ecosistemas.

2. Desarrollo social incluyente, equitativo y resiliente:

  • Diseñar e implementar soluciones basadas en la naturaleza para proteger; gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, con el fin de abordar los desafíos sociales que incluyen la seguridad del agua, la seguridad alimentaria, la salud humana, la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático.
  • Enfocar el rescate y paquetes de estímulo al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y familiar (campesinado, pequeñas y medianas empresas) y a establecer condiciones claras para el apoyo a determinadas industrias o empresas cuya operación sea prioritaria para garantizar el bienestar de la población (considerando los sectores ya mencionados), a fin de asegurar el resguardo ambiental y de los compromisos climáticos, evitando también despidos masivos.
  • Fortalecer los sistemas democráticos a fin de asegurar legitimidad a las medidas y programas a implementar, con plena participación de la ciencia y la sociedad civil en la toma de decisiones.
  • Generar nuevas fuentes de empleo, promoviendo la equidad, inclusión, justicia social y erradicación de la pobreza, mientras se detiene y revierte la pérdida de biodiversidad y se hace frente a la crisis climática.
  • Complementariamente a la mejora a los servicios de salud y su acceso universal, asegurar las condiciones sanitarias debidamente apropiadas, y garantizar el acceso al agua en condiciones de calidad, cantidad y continuidad requeridas para la asegurar la salud y el bienestar de la población. Asimismo, asegurar el acceso a las tecnologías apropiadas y el acceso universal a internet para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de educación, salud y empleo.
  • Impulsar la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú.

3. Cambio climático y actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC):

  • Continuar sin retraso, a través de procesos participativos, la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a ser presentadas en 2020, con metas de mitigación y adaptación más ambiciosas que contribuyan a alinear al mundo a la trayectoria de 1.5°C sugerida por la ciencia; con sustento científico, fortaleciendo el rol de la naturaleza y se basen en mecanismos de transparencia y claridad para su financiamiento e implementación.

4. Biodiversidad:

  • Impulsar y adoptar un marco global para la biodiversidad Post 2020 en el marco del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) que contenga compromisos ambiciosos que aseguren la reversión de los procesos de pérdida de naturaleza y degradación de los ecosistemas y hábitats.
  • Aumentar la ambición y el alcance de los programas de conservación de la naturaleza, restauración y gestión sostenible, revalorizando y fortaleciendo el conocimiento y el involucramiento de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.

5. Visión a largo plazo:

  • Consensuar y aprobar estrategias de largo plazo que definan la visión país al 2050 para asegurar una economía con emisiones “netas-cero” de carbono, resiliente al cambio climático y que incluya consideraciones sociales que promuevan la igualdad, la integración, la transición justa y la cohesión social.
  • Impulsar y liderar la búsqueda del consenso para generar un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas.

Necesitamos una rápida y profunda transformación para asegurar un futuro sostenible, justo y resiliente en América Latina y el Caribe, que solo puede lograrse implementando acciones contundentes, que tengan el potencial de proteger la biodiversidad, hacer frente a la crisis climática y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, creando empleos, garantizando el acceso a servicios básicos, limpiando el aire que respiramos y haciendo a nuestras ciudades más vivibles y disfrutables. Por ello, es imperante priorizar estos criterios dentro los paquetes de recuperación post COVID-19, para evitar una crisis mayor de la cual no haya retorno.

Los gobiernos de la región pueden estar seguros de que nuestro llamado va a la par de nuestro apoyo y compromiso. Las organizaciones firmantes continuaremos trabajando desde nuestros propios frentes y articulando esfuerzos coordinados para materializar acciones individuales y colaborativas que nos lleven al futuro que deseamos.

TRANSFORMING REACTIVATION FOR A SUSTAINABLE, FAIR AND INCLUSIVE FUTURE IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

The current health crisis that affects all countries in the world is not the only crisis that humanity is facing. For decades we have been witnessing the effects of the change in climate patterns, as well as the loss of biodiversity, locally, regionally and globally, with negative impacts that have resulted in great loss of material and human life.

If we add to these crises, which until now have been ignored, societies founded on huge social and territorial inequalities, and production systems that, in general, do not prioritize aspects of sustainability, we are facing a ticking bomb that could lead to scenarios as or more catastrophic than the current ones.

The pandemic has exposed the intrinsic links between nature, climate, human society and the economy, and has make us aware of the close relationship between the health of the planet and the health of human beings. It has also revealed that listening and acting on science is necessary and urgent.

Likewise, in just a matter of weeks, the world health crisis has shown that it is possible to modify the patterns of exploitation, production, distribution and consumption of the current model of global development, with the planet taking a well-deserved breathe, which will only be temporary if the substantial changes are not made.

Like other regions in the world, Latin America and the Caribbean (LAC) is at a crucial and unique moment to collectively redefine the future we want. It is necessary to take advantage of this pause to evaluate and design more just and environmentally friendly social systems, rescuing the ancestral knowledge and practices of our peoples, which allow us to advance on a fairer path of development, in harmony with the planetary limits, and promoting the respect for human rights and nature.

It is imperative to establish synergic measures between the climate, biodiversity, and development agendas, to undertake transformative changes in the various sectors of society and establish an equitable, low carbon intensity socioeconomic system.

The short-term emergencies to face COVID-19 and its effects should not overlook opportunities to achieve longer-term goals, in line with the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs), the Escazú Agreement (signed by 22 LAC countries, and about to enter into force), the Biodiversity Convention, and the Paris Agreement on Climate Change. For this reason, it is urgent to create stimulus packages that ensure the sustainability and resilience of peoples and ecosystems and contribute to embarking us on a new course.

Similarly, the governments of the region must not lose sight of the fact that their responses must: a) have a Latin American vision; b) promote transformative changes in line with the SDGs; c) strengthen the autonomy and cohesion of the territory; d) be inclusive and focused on vulnerable groups, with a gender perspective; e) promote sustainability and transparency; f) have a systemic vision; e) promote value reconstruction and f) advocate for human rights, justice and equity; g) influence the signing and ratification of the Escazú Agreement so that it enters into force.

The signatory institutions representing civil society, the private sector, academia and sub-national governments, call on the governments of Latin America to:

1. Economic model / Sustainable development:

  • Align public and private financial flows towards profitable and sustainable investment opportunities which generate employment, guarantee human well-being, achieve rapid reduction of greenhouse gas (GHG) emissions, reduce biodiversity losses, and promote the recovery of nature, with emphasis on the following sectors: a) Health; b) Clean energy; c) Local and sustainable food production, with the promotion of short distribution chains; d) Sustainable and resilient urban development; and e) Environment.
  • Establish fiscal reforms that promote the gradual elimination of subsidies that are harmful to the environment, aiming at the decarbonisation of the economy of the entire LAC region by 2050, through a just energy transition.
  • Establish and promote new well-being indicators that recognize regional idiosyncrasy and the challenges of GDP to measure prosperity, development and the general health of the population and ecosystems.

2. Inclusive, equitable and resilient social development:

  • Design and implement nature-based solutions to protect, sustainably manage and restore natural or modified ecosystems, to address social challenges including water security, food security, human health, disaster risk reduction and climate change.
  • Focus the rescue and stimulus packages to strengthen community and family resilience (peasantry, small and medium-sized companies) and establish clear conditions to support certain industries or companies whose operation is a priority to guarantee the well-being of the population (considering the sectors already mentioned), to ensure environmental protection and climate commitments, also avoiding mass layoffs.
  • Strengthen democratic systems to ensure legitimacy of the measures and programs to be implemented, with full participation of science and civil society in decision-making.
  • Generate new sources of employment, promoting equity, inclusion, social justice and poverty eradication, while stopping and reversing the loss of biodiversity and facing the climate crisis.
  • In addition to improving health services and their universal access, ensure duly appropriate sanitary conditions, and guarantee access to water in conditions of quality, quantity and continuity required to ensure the health and well-being of the population. Likewise, ensure access to appropriate technologies and universal access to the internet to guarantee the proper development of education, health and employment processes.
  • Promote the approval of the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, the Escazú Agreement.

3. Biodiversity

  • Lead and adopt an ambitious post 2020 global framework for the Global Biodiversity Convention (CBD), including ambitious commitments which assure the reverse of nature loss processes as well as habitat and ecosystem degradation.
  • Raise the ambition and scope of nature conservation, restoration and sustainable management programs, revaluating and strengthening the knowledge and involvement of Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs)

4. Long term vision

  • Agree on and approve long term strategies which define a 2050 country vision for “net- zero” emission economies, resilient to climate change, and which include social considerations that promote equality, integration, just transition and social cohesion.
  • Lead and boost the search for a consensus on a New Deal for Nature and People

 

We need a rapid and deep transformation to assure a sustainable, just and resilient future for Latin America and the Caribbean, which may only be achieved through concrete actions with the potential to protect biodiversity, face the climate crisis, and upgrade citizens’ life quality, by creating new employments, guaranteeing access to basic services, cleaning the air we breathe, and making our cities more livable and enjoyable. For this reason, prioritizing these criteria in Post COVID 19 recovery packages is imperative to avoid a point of no return.

The governments of the region can be sure that our call to action is paired with our support and commitment. We will continue working from our own fronts and articulating coordinated efforts to materialize individual and collaborative actions that lead us to the future we want.

REATIVAÇÃO TRANSFORMADORA POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL, JUSTO E INCLUSIVO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

A atual crise sanitária que afeta a todos os países do mundo não é a única crise que hoje enfrenta a humanidade. Há décadas somos testemunhas dos efeitos do câmbio nos padrões do clima e na perda de biodiversidade, em escala local, regional e global, com impactos muito negativos que se têm traduzido em grandes perdas materiais e de vidas humanas.

Se a essas crises, que até agora têm sido ignoradas, somarmos as sociedades estabelecidas sobre grandes desigualdades sociais e territoriais, e os sistemas produtivos que, em geral, não priorizam os aspectos da sustentabilidade, estamos diante de uma bomba-relógio que poderia conduzir a cenários tão ou mais catastróficos que os atuais.

A pandemia evidenciou os vínculos intrínsecos entre a natureza, o clima, a sociedade humana e a economia, e nos conscientizou sobre a estreita relação existente entre a saúde do planeta e a saúde dos seres humanos. Também tem revelado que escutar a ciência é necessário e urgente.

Da mesma forma, em poucas semanas, a crise mundial da saúde demonstrou ser possível modificar os padrões de exploração, produção, distribuição e consumo do atual modelo de desenvolvimento global, dando ao planeta uma merecida pausa, cujos efeitos ambientais positivos são apenas temporários se não forem feitas mudanças substanciais em nosso modo de vida.

Como poucas regiões no mundo, a América Latina e o Caribe (ALC) está em um momento crucial e único para redefinir coletivamente o futuro que queremos. É necessário aproveitar essa pausa para avaliar e desenhar sistemas sociais mais justos e ambientalmente responsáveis, resgatando saberes e práticas ancestrais de nossos povos, que nos permitam avançar em um caminho de desenvolvimento mais justo e em harmonia com os limites do planeta, e que promovam o respeito aos direitos humanos e à natureza.

Torna-se imperativo estabelecer medidas sinérgicas entre as agendas de clima, de biodiversidade e desenvolvimento, para realizar transformações nos diversos setores da sociedade e assim estabelecer um sistema socioeconômico equitativo e de baixa intensidade de carbono.

As urgências para enfrentar o COVID-19 e seus efeitos em curto prazo, não devem encobrir as oportunidades de alcançar objetivos alinhados com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Acordo de Escazú (firmado por 22 países da América Latina e Caribe, a ponto de entrar em vigor), a Convenção de Biodiversidade, e o Acordo de Paris para combater a Mudança do Clima em longo prazo. Por isso, é urgente criar mecanismos de estímulo que garantam a sustentabilidade e a resiliência dos povos e ecossistemas e contribuam para o início de um novo caminho.

Da mesma forma, os governos da região não devem perder de vista o fato de que suas respostas devem: a) ter uma visão latino-americana; b) promover ações transformadoras alinhadas com os ODS; c) fortalecer a autonomia e a coesão do território; d) ser inclusivas e focadas em grupos vulneráveis, com uma perspectiva de gênero; e) promover sustentabilidade e a transparência; f) ter uma visão sistêmica; e) promover a reconstrução de valores, f) advogar por direitos humanos, justiça e equidade; g) refletir na assinatura e ratificação do Contrato de Escazú para a sua imediata entrada em vigor.

As instituições signatárias que representam a sociedade civil, o setor privado, a academia e os governos subnacionais da América Latina e do Caribe, exortam os governos da região a:

1. Modelo econômico / desenvolvimento sustentável:

  • Alinhar fluxos financeiros públicos e privados em direção de oportunidades de investimento rentáveis e sustentáveis que geram emprego, garantem o bem-estar humano, alcançam reduções rápidas nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), reduzem as perdas de biodiversidade e promovem a recuperação de natureza, com ênfase nos seguintes setores: a) Saúde; b) energia limpa; c) produção local e sustentável de alimentos, com a promoção de cadeias de distribuição curtas; d) Desenvolvimento urbano sustentável e resiliente; e e) meio ambiente.
  • Estabelecer reformas fiscais que promovam a eliminação gradual de subsídios prejudiciais ao meio ambiente, visando a descarbonização da economia de toda a região da ALC até 2050 e uma justa transição energética.
  • Estabelecer e promover novos indicadores de bem-estar, que reconheçam a idiossincrasia regional e os desafios do PIB para medir a prosperidade, o desenvolvimento e a saúde geral da população e dos ecossistemas.

2. Desenvolvimento social inclusivo, equitativo e resiliente:

  • Projetar e implementar soluções baseadas na natureza para proteger; gerenciar e restaurar de maneira sustentável os ecossistemas naturais ou modificados, a fim de enfrentar desafios sociais, incluindo segurança hídrica, segurança alimentar, saúde humana, redução de riscos de desastres e mudanças climáticas.
  • Concentrar esforços, por meio de pacotes de estímulo, no resgate e no fortalecimento da resiliência da comunidade e da família (camponesas, pequenas e médias empresas) e estabelecer condições claras para apoiar certas indústrias ou empresas cuja operação é prioritária para garantir o bem-estar da população (considerando a setores já mencionados), a fim de garantir a proteção ambiental e os compromissos climáticos, evitando também demissões em massa.
  • Fortalecer os sistemas democráticos, a fim de garantir a legitimidade das medidas e programas a serem implementados, com plena participação da ciência e da sociedade civil na tomada de decisões.
  • Gerar novas fontes de emprego, promovendo a equidade, a inclusão, a justiça social e a erradicação da pobreza, enquanto interrompe e consegue reverter a perda de biodiversidade e enfrentando a crise climática.
  • Além de melhorar os serviços de saúde e seu acesso universal, garantir condições sanitárias apropriadas e garantir o acesso à água em condições de qualidade, quantidade e continuidade necessárias para garantir a saúde e o bem-estar da população. Da mesma forma, garantir o acesso a tecnologias apropriadas e o acesso universal à Internet para garantir o desenvolvimento adequado dos processos de educação, saúde e emprego.
  • Promover a entrada em vigor do Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe, o Acordo Escazú.

3. Mudança climática e atualização das contribuições determinadas nacionalmente (NDC):

  • Continuar sem demora, por meio de processos participativos, a atualização das Contribuições Determinadas Nacionalmente (NDC) a serem apresentadas em 2020, com metas mais ambiciosas de mitigação e adaptação que contribuem para alinhar o mundo à trajetória de 1,5 ° C sugerida por a ciência; com apoio científico, fortalecendo o papel da natureza e baseado em mecanismos de transparência e clareza para seu financiamento e implementação.

4. Biodiversidade:

  • Promover e adotar uma estrutura global para a biodiversidade pós-2020, no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que contém compromissos ambiciosos que garantem a reversão dos processos de perda de natureza e degradação de ecossistemas e habitats.
  • Aumentar a ambição e o escopo dos programas de conservação da natureza, restauração e gestão sustentável, reavaliando e fortalecendo o conhecimento e o envolvimento dos povos indígenas e comunidades locais.

5. Visão de longo prazo:

    • Concordar e aprovar estratégias de longo prazo que definem a visão do país para 2050 para garantir uma economia com emissões de carbono “líquidas de zero”, resilientes às mudanças climáticas e que inclua considerações sociais que promovam igualdade, integração e transição justa coesão social. • Promover e liderar a busca de consenso para gerar um novo acordo para a natureza e as pessoas.

Precisamos de uma transformação rápida e profunda para garantir um futuro sustentável, justo e resiliente na América Latina e no Caribe, que só pode ser alcançado com a implementação de ações vigorosas com potencial para proteger a biodiversidade, enfrentar a crise climática e melhorar a qualidade da vida dos cidadãos, criando empregos, garantindo acesso a serviços básicos, limpando o ar que respiramos e tornando nossas cidades mais habitáveis e agradáveis. Portanto, é imperativo priorizar esses critérios nos pacotes de recuperação pós-COVID-19, para evitar uma grande crise da qual não há retorno.

Os governos da região podem ter certeza de que nosso apelo está acompanhado de nosso apoio e compromisso. As organizações signatárias continuarão trabalhando de nossas próprias frentes e articulando esforços coordenados para materializar ações individuais e colaborativas que nos levem ao futuro que queremos.

RÉACTIVATION TRANSFORMATEUR: POUR UN AVENIR DURABLE, ÉQUITABLE ET INCLUSIF EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES

La crise sanitaire actuelle qui affecte tous les pays du monde n’est pas la seule crise à laquelle l’humanité est confrontée aujourd’hui. Depuis des décennies, nous assistons aux effets des changements dans les modèles climatiques et à la perte de biodiversité, aux échelles locale, régionale et mondiale, avec des impacts très négatifs qui ont entraîné une grande perte de vie matérielle et humaine.

Si à ces crises, jusqu’ici ignorées, s’ajoutent des sociétés établies sur la base de grandes inégalités sociales et territoriales, et des systèmes productifs qui, en général, ne privilégient pas les aspects de la durabilité, nous sommes confrontés à une bombe à retardement qui pourrait conduire à des scénarios aussi catastrophiques que les actuels.

La pandémie a mis en évidence les liens intrinsèques entre la nature, le climat, la société humaine et l’économie et nous fait prendre conscience de la relation étroite entre la santé de la planète et la santé des êtres humains. Il a également révélé que l’écoute de la science est nécessaire et urgente.

De même, en quelques semaines seulement, la crise sanitaire mondiale a montré qu’il était possible de modifier les schémas d’exploitation, de production, de distribution et de consommation du modèle actuel de développement mondial, la planète ayant bénéficié d’un répit bien mérité, qui ne sera que temporaire s’il ne l’est pas. ils apportent des changements substantiels.

Comme peu de régions du monde, l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) est à un moment crucial et unique pour redéfinir collectivement l’avenir que nous voulons. Il est nécessaire de profiter de cette pause pour évaluer et concevoir des systèmes sociaux plus justes et respectueux de l’environnement, sauvant les connaissances et les pratiques ancestrales de nos peuples, qui nous permettent d’avancer sur une voie de développement plus juste et en harmonie avec les limites planétaires, et de promouvoir la le respect des droits de l’homme et de la nature.

Il est impératif d’établir des mesures synergiques entre le climat, la biodiversité et les programmes de développement pour entreprendre des changements transformateurs dans les différents secteurs de la société et ainsi établir un système socio-économique équitable et à faible intensité de carbone.

Les urgences à court terme auxquelles le COVID-19 doit faire face et ses effets ne devraient pas négliger les opportunités d’atteindre des objectifs à plus long terme, conformément au Programme 2030 et aux Objectifs de développement durable (ODD), l’Accord d’Escazú. (signé par 22 pays de l’ALC, sur le point d’entrer en vigueur), la Convention sur la biodiversité et l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. Pour cette raison, il est urgent de créer des plans de relance qui garantissent la durabilité et la résilience des peuples et des écosystèmes, et contribuent à s’engager dans une nouvelle voie.

De même, les gouvernements de la région ne doivent pas perdre de vue que leurs réponses doivent: a) avoir une vision latino-américaine; b) promouvoir des changements transformateurs conformément aux ODD; c) renforcer l’autonomie et la cohésion du territoire; d) être inclusif et axé sur les groupes vulnérables, avec une perspective de genre; e) promouvoir la durabilité et la transparence; f) avoir une vision systémique; e) promouvoir la reconstruction de la valeur et f) défendre les droits de l’homme, la justice et l’équité; g) influencer la signature et la ratification de l’Accord d’Escazú pour son entrée en vigueur rapide.

Les institutions signataires représentant la société civile, le secteur privé, les universités et les gouvernements infranationaux d’Amérique latiné et des Caraïbes, appellent les gouvernements de la région à:

1. Modèle économique / Développement durable:

  • Aligner les flux financiers publics et privés sur des opportunités d’investissement rentables et durables, qui génèrent des emplois, garantissent le bien-être humain, réduisent rapidement les émissions de gaz à effet de serre (GES), réduisent les pertes de biodiversité et favorisent la récupération des nature, en mettant l’accent sur les secteurs suivants: a) santé; b) énergie propre; c) Production alimentaire locale et durable, avec la promotion de circuits courts de distribution; d) un développement urbain durable et résilient; et e) l’environnement.
  • Mettre en place des réformes fiscales qui favorisent l’élimination progressive des subventions nuisibles à l’environnement, visant la décarbonisation de l’économie de l’ensemble de la région ALC d’ici 2050 et une transition énergétique juste.
  • Établir et promouvoir de nouveaux indicateurs de bien-être, qui reconnaissent l’idiosyncrasie régionale et les défis du PIB pour mesurer la prospérité, le développement et la santé générale de la population et des écosystèmes.

2. Développement social inclusif, équitable et résilient:

  • Concevoir et mettre en œuvre des solutions basées sur la nature pour protéger; gérer et restaurer durablement les écosystèmes naturels ou modifiés, afin de relever les défis sociaux, notamment la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, la santé humaine, la réduction des risques de catastrophe et le changement climatique.
  • Concentrer les plans de sauvetage et de relance pour renforcer la résilience des communautés et des familles (paysans, petites et moyennes entreprises) et établir des conditions claires pour soutenir certaines industries ou entreprises dont le fonctionnement est une priorité pour garantir le bien-être de la population (compte tenu de la secteurs déjà mentionnés), afin d’assurer la protection de l’environnement et les engagements climatiques, en évitant également les licenciements massifs.
  • Renforcer les systèmes démocratiques afin d’assurer la légitimité des mesures et programmes à mettre en œuvre, avec la pleine participation de la science et de la société civile à la prise de décision.
  • Générer de nouvelles sources d’emploi, promouvoir l’équité, l’inclusion, la justice sociale et l’éradication de la pauvreté, tout en stoppant et en inversant la perte de biodiversité et face à la crise climatique.
  • En plus d’améliorer les services de santé et leur accès universel, assurer des conditions sanitaires dûment appropriées, et garantir l’accès à l’eau dans des conditions de qualité, quantité et continuité requises pour assurer la santé et le bien-être de la population. De même, assurer l’accès aux technologies appropriées et l’accès universel à Internet pour garantir le bon développement des processus d’éducation, de santé et d’emploi.
  • Promouvoir l’entrée en vigueur de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans les affaires environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’Accord d’Escazú.

3. Changement climatique et mise à jour des contributions déterminées au niveau national (NDC):

  • Poursuivre sans délai, grâce à des processus participatifs, la mise à jour des contributions déterminées au niveau national (CDN) qui sera présentée en 2020, avec des objectifs d’atténuation et d’adaptation plus ambitieux qui contribuent à aligner le monde sur la voie de 1,5 ° C suggérée par la science; avec un soutien scientifique, renforcer le rôle de la nature et s’appuyer sur des mécanismes de transparence et de clarté pour son financement et sa mise en œuvre.

4. Biodiversité:

  • Promouvoir et adopter un cadre mondial pour la biodiversité après 2020 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui contient des engagements ambitieux qui garantissent l’inversion des processus de perte de la nature et de dégradation des écosystèmes et des habitats.
  • Accroître l’ambition et la portée des programmes de conservation, de restauration et de gestion durable de la nature, en revalorisant et en renforçant les connaissances et la participation des peuples autochtones et des communautés locales.

5. Vision à long terme:

  • Convenir et approuver des stratégies à long terme qui définissent la vision du pays pour 2050 afin de garantir une économie avec des émissions de carbone «zéro zéro», résiliente au changement climatique et qui inclut des considérations sociales qui favorisent l’égalité, l’intégration et une transition juste la cohésion sociale.
  • Promouvoir et mener la recherche de consensus pour générer un nouvel accord pour la nature et les personnes.

Nous avons besoin d’une transformation rapide et profonde pour assurer un avenir durable, juste et résilient en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui ne peut être atteint qu’en mettant en œuvre des actions énergiques, qui ont le potentiel de protéger la biodiversité, de faire face à la crise climatique et d’améliorer la qualité des vie des citoyens, créer des emplois, garantir l’accès aux services de base, assainir l’air que nous respirons et rendre nos villes plus vivables et agréables. Par conséquent, il est impératif de hiérarchiser ces critères dans les plans de relance post-COVID-19, afin d’éviter une crise majeure dont il n’y a pas de retour.

Les gouvernements de la région peuvent être sûrs que notre appel va de pair avec notre soutien et notre engagement. Les organisations signataires continueront à travailler de nos propres fronts et à articuler des efforts coordonnés pour concrétiser des actions individuelles et collaboratives qui nous mènent vers l’avenir que nous voulons.